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Greenpeace y otras ong denuncian que España vendió armas a Marruecos

16 de Septiembre de 2015 | Todas

Amnistía Internacional, Intermon Oxfam y Greenpeace denunciaron hoy la “falta de transparencia” del Gobierno a la hora de informar sobre sus exportaciones de armas porque aunque las estadísticas oficiales detallan que en 2006 España vendió armamento a Marruecos por valor de 16 millones de euros, no explica qué productos se transfirieron ni con qué fines pensaba Rabat utilizarlos.

Así ocurre con las exportaciones a otros países de dudosas prácticas en materia de derechos humanos como Venezuela, que compró armas a España por valor de tres millones de euros, o Pakistán, que pagó más de un millón de euros. Asimismo, el informe recoge ventas a Irán, Colombia, China o Israel pero “la falta de detalle en algunas de estas operaciones no permite saber qué se ha vendido exactamente”, denuncian las organizaciones.

Destacan, asimismo, las “ingentes” cantidades de munición para caza y tiro exportadas a África Subsahariana y, en concreto, a Ghana, que importó de España estos productos por valor de 3,2 millones de euros. El problema es que “estas ventas no han estado sujetas a ningún control por parte del Gobierno” y no quedan reflejadas en las estadísticas oficiales, por lo que se corre el riesgo de que el país destinatario trafique con ellas.

“Especialmente hay dos datos inquietantes: vendimos material a la policía de Marruecos por más de 90.000 euros y a Guatemala por más de 800.000 euros, pero no sabemos exactamente ni qué ‘material’ ni con qué garantías”, comentó a Europa Press la portavoz de Greenpeace, Mabel González.

El portavoz de Intermon Oxfam, Ricardo Magán, denunció asimismo que “el informe no ofrece información sobre las transferencias autorizadas y aún no realizadas. A nosotros nos dan información sobre transferencias cuando éstas ya se han producido y nos dan algunos datos sobre numero de licencias concedidas pero no nos dicen a quién ni con qué fin o importe”.

Transparencia por ley

Esta situación de “falta de transparencia” se solucionaría si la futura Ley de comercio exterior de material de defensa y doble uso’, que está en trámite parlamentario incluyese cláusulas para obligar al Ejecutivo a consultar con el Congreso las operaciones de exportación, igual que hacen países como Estados Unidos, siendo el primer exportador del mundo, o Reino Unido.

Según declaró González, es imprescindible que el texto legal que nazca del debate parlamentario del próximo 12 de junio incluya “cláusulas de transparencia” que permitan un control sobre las exportaciones de armamento que autorice el Gobierno, “independientemente del color político que este tenga” para garantizar que las armas no llegan a “donde no deberían” como países en conflicto.

En la actualidad, es la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU), cuyas actas son secretas, quien tramita las exportaciones de armamento autorizadas por el Gobierno. Éste, anualmente, a través del Ministerio de Industria y Comercio, emite un informe sobre los resultados, que, denuncian las ONG, no refleja todas las operaciones.

Así, se ocultan trámites como “la venta de 15 carros lanza obuses al Ejército colombiano” una operación que, según González, se formalizó y publicó en 2005 para hacerse efectiva en 2006 y sobre la cual, pese a ello, “no hablan las estadísticas oficiales ni en el informe que se ha llevado al Congreso de los Diputados”.

El proyecto de ley se debatirá en el Parlamento el próximo día 12. El objetivo de Amnistía, Intermon y Greenpeace para entonces es que el texto definitivo se adapte íntegramente a las cláusulas que impone el Código de Conducta de la Unión Europea en materia de comercio de armas, y se inspire en las buenas prácticas que al respecto llevan países como Noruega.