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Amnistía Internacional denuncia los ataques a la libertad de expresión en España

22 de Febrero de 2018 | Defensa derechos humanos

En la presentación de su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, la organización Amnistía Internacional ha constatado “ataques al derecho a la libertad de expresión y al derecho de reunión pacífica” en España. La organización pone como ejemplo las cargas policiales del 1-O o la encarcelación, “excesiva y desproporcionada”, de políticos como Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. ”

Alzar la voz, incluso a través de las redes sociales, se ha vuelto cada vez más peligroso ‘gracias’ a las reformas en la Ley Orgánica de protección de la Seguridad Ciudadana y del Código Penal, por las cuales se amordaza el ejercicio de los derechos de reunión pacífica y de libertad de expresión y se daña el derecho a la información”, destacan.

Al mismo tiempo, también denuncian que las medidas de austeridad impuestas por el gobierno a raíz de la crisis económica, están dejando “desamparadas” a decenas de miles de personas en España”.

“Medidas como el Decreto Ley 16/2012 están poniendo en riesgo el acceso a la salud y a la calidad del Sistema Nacional de Salud, especialmente para personas discriminadas como migrantes en situación irregular y otros colectivos. El derecho a la vivienda también está en peligro en España, cuando se han producido un total de 43.459 desalojos en los primeros nueve meses de 2017. Especialmente las madres solteras y las mujeres víctimas de violencia de género han sido uno de los colectivos más afectados por esta crisis de vivienda que no ha terminado“, explican.

Por último, AI destaca que tampoco las personas refugiadas han recibido la protección adecuada a la que tienen derecho: “un año más, el fracaso en las políticas migratorias por parte de las autoridades españolas ha quedado patente. No solo han incumplido su compromiso de traer a 17.337 personas refugiadas (llegando apenas al 15%, menos de 3.000 personas, hasta diciembre de 2017), sino que se han seguido cometiendo violaciones y abusos de derechos humanos contra personas migrantes y refugiadas, especialmente en Frontera Sur“.