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Amnistía Internacional denuncia el desamparo de las mujeres maltratadas ante el desahucio

8 de Mayo de 2017 | Mujer

Amnistía Internacional ha presentado un nuevo informe para denunciar que tras diez años del inicio de la recesión económica, la crisis de la vivienda en España no ha terminado. La ONG denuncia que las autoridades en lugar de tomar medidas para proteger a las personas afectadas por esta situación, ha dado pasos para atrás liberalizando y flexibilizando los contratos de alquiler. Así como el proceso de desalojo como consecuencia de varias reformas en la Ley de Arrendamientos Urbanos y en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El nuevo informe de Amnistía Internacional denuncia cómo las autoridades han violado el derecho a la vivienda en España, algo que afecta especialmente a las mujeres y especialmente a las que encabezan hogares monoparentales y a las víctimas de violencia de género.

Eva Suárez-Llanos, directora adjunta de Amnistía Internacional en España defiende que “la crisis del derecho de la vivienda no ha terminado en España. No solo no se han adoptado medidas para proteger a más personas, sino que, en ocasiones se les ha llevado a una trampa de vivienda insegura, olvidando que se trata de un derecho humano, y no de un bien de inversión”. Añadiendo que “esto queda reflejado en el hecho de que ni siquiera es un derecho protegido con las máximas garantías en la Constitución”, añade.
La organización manifiesta que, diez años después, esta crisis sigue estando rodeada de oscurantismo: no existen datos desagregados sobre los 34.193 desahucios por impago de alquiler que se produjeron en 2016, ni siquiera se distingue entre locales comerciales y viviendas. La directora adjunta señala que “es imprescindible conocer la verdadera situación que existe en España sobre el derecho a la vivienda: cuántas personas han perdido sus casas, y, sobre todo, cuántas de ellas son mujeres o se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, es decir, si son víctimas de violencia de género, si son hogares monomarentales, si hay en ellos menores, personas mayores o personas con discapacidad”.

Según informa Amnistía Internacional, el índice medio de exposición a la pobreza en España, el 22,1%, asciende hasta el 37,5% en el caso de las familias monoparentales, el 83% de las cuales está encabezada por mujeres.

La desigualdad de género no solo se ve reflejada en esto, también en el acceso a vivienda social para algunas mujeres víctimas de violencia. Según la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004, deberían ser un colectivo prioritario para el acceso a viviendas sociales, en el caso de Madrid se les exige una sentencia condenatoria o una orden de protección. Sin embargo, en la práctica supone que la mayoría de las víctimas de violencia de género no consigue el apoyo necesario para que se proteja su derecho a la vivienda.

Koldo Casla, investigador de la organización y autor del informe señala que “la realidad es que el acceso a una vivienda social es una promesa incumplida para las mujeres víctimas de violencia de género en Madrid. De todas aquellas que dieron un paso adelante y denunciaron la violencia ante los tribunales, el 49,2% vio inadmitida o rechazada su solicitud y, por tanto, no obtuvo acceso prioritario a una vivienda social”.

Amnistía Internacional cuenta el caso de Vanessa, de 34 años y con dos hijas. Fue víctima de violencia de género por parte de su expareja, y actualmente reside en Móstoles en el inmueble ocupado “la Dignidad”. Vanessa explica que “alquilaría una habitación si viviera yo sola, pero no puedo hacer eso con mis dos hijas”. Además, asegura no haber recibido información completa sobre las ayudas existentes para las víctimas de violencia como ella, y lamenta no poder acceder a una vivienda social.

Otro de los casos es el de Sandra Filippella, de 40 años, nacionalidad argentina y residente en Barcelona, es otra muestra del desamparo que pueden sufrir. A pesar de que en Cataluña no es necesario el requisito de la sentencia condenatoria o la orden de protección, las víctimas de violencia de género también encuentran dificultades para ver garantizado su derecho a la vivienda. Sandra ha sido víctima de malos tratos por parte de su expareja y después de perder su empleo, llegó un momento en que Sandra no pudo seguir pagando el alquiler y recibió una notificación de desahucio.

“La opción que me ofrecían las trabajadoras sociales de alquilar una habitación no era válida para mí, con mis dos hijos adolescentes. Consideré ocupar una vivienda, porque me pareció que la coordinación entre los servicios sociales y los de apoyo a las víctimas de violencia simplemente no existía”, asegura, mientras recuerda que gracias a su contacto con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), consiguieron paralizar el desahucio.

Del total de desahucios del año 2016, las provincias de Madrid y Barcelona acumulan el 34% de ellos, con 4.760 y 6.710 desalojos por impago de alquiler respectivamente, según informa Amnistía Internacional. Siendo la situación de Madrid la más preocupante para las víctimas de la venta de 4.800 viviendas sociales y otras propiedades a fondos de inversión que tuvo lugar entre 2011 y 2013 por parte de la Comunidad y el Ayuntamiento. La organización se ha entrevistado con 14 de ellas, así como con organizaciones representantes de personas afectadas, y denuncia que, a pesar de que las autoridades prometieron que las condiciones de los inquilinos no cambiarían, no ha sido así. “Los gastos de alquiler subieron, muchas personas han sufrido la denegación de la prórroga de ayudas a la vivienda puesto que ya no son de propiedad pública, y todo ha sucedido en un clima de miedo, estigmatización y desinformación”, asegura Koldo Casla.

Ante esta situación la organización pide:

– Al gobierno español, que garantice que el marco jurídico que regula el procedimiento de desalojo incorpora salvaguardias adecuadas, incluida una prueba de proporcionalidad. Debe además adoptar un protocolo marco en relación con los desalojos que incluya medidas para garantizar la coordinación entre tribunales y autoridades municipales para proporcionarviviendas alternativas adecuadas a las personas con recursos limitados. Asimismo, debe presentar ante el Parlamento español un proyecto de ley sobre el derecho a la vivienda basado en las normas internacionales de derechos humanos, y trabajar en coordinación con las comunidades autónomas para destinar más recursos a ampliar el parque de vivienda social. Además, debe modificar la Ley de Violencia de Género para garantizar que se incluya en la misma el daño y abuso económico.

– A las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos que destinen más recursos a ampliar el parque de vivienda social y las ayudas a la vivienda y evalúen el impacto de sus políticas de vivienda, especialmente en las mujeres.

– A la Comunidad de Cataluña, que mejore la coordinación de los servicios sociales, de vivienda y de víctimas de violencia de género, y que asegure la efectiva aplicación de los protocolos.

– En el Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid, Amnistía Internacional ha lanzado la campaña “El derecho a la vivienda #NoSeVende”, para que protejan a las personas afectadas por la venta de viviendas sociales y el gobierno autonómico deberá restablecer las prestaciones sociales para garantizar que los inquilinos pueden hacer frente a todos los pagos y las autoridades locales y autonómicas deben evitar los desahucios de viviendas sociales sin la garantíade una vivienda alternativa.