AI critica las limitaciones de la ley de extranjería
EP/Madrid
La crisis ha calado en diferentes sectores y parece que también en la legislación referente a inmigración. Hace unas semanas fue aprobada la polémica reforma a la Ley de Extranjería que intenta acercarse a la restrictiva normativa apoyada por otros países europeos y las críticas no se han hecho esperar.
La organización humanitaria, Amnistía Internacional, ha elaborado el informe ‘Más sombras que luces en la Ley de Extranjería’ en el que denuncia, entre otras cosas que el Proyecto de Reforma de la Ley de Extranjería «mantiene las limitaciones de acceso en el derecho a la educación a los inmigrantes mayores de edad incocumentados, condiciona el derecho a la salud al hecho de estar empadronado y oficializa las limitaciones en el acceso a las ayudas en materia de vivienda a los residentes de larga duración», «contraviniendo» las disposiciones al respecto del Tribunal Constitucional que habían motivado la reforma legislativa.En cuanto a la detencion de ilegales, Amnistía considera que con el texto se da «un paso atrás en materia de detención de inmigrantes irregulares» porque «la privación de libertad por sanciones administrativas no responde a los principios de proporcionalidad» y, en lugar de limitar las detenciones a medidas de «último recurso», amplía en 20 días el plazo máximo que el extranjero puede permanecer retenido en un centro.
Otro de los elementos de debate de la reforma, radica en la gestión de los menores inmigrantes que llegan a España sin compañía de un adulto. El informe de AI critica que conforme está planteada la reforma «continúan las garantías insuficientes» y «siguen sin respetarse de forma plena» principios tratados internacionales «como el de interés superior del menor».
En cuanto a la violencia de género y la trata con fines de explotación sexual, Amnistía denuncia que «la protección de los derechos humanos sigue en segunda línea» cuando se trata de estos casos porque «se recoge un procedimiento que disuade, en muchos casos, a estas mujeres a denunciar su situación»,puesto que el permiso de residencia está condicionado a la denuncia o aporte de datos a la policía.
Para el director de AI en España, Esteban Beltrán, «este Proyecto de Ley sigue teniendo un enfoque más centrado en la seguridad nacional y el rendimiento económico que en la aproximación a los inmigrantes como personas que también son titulares de derechos humanos y a las que el Estado debe garantizar su protección».
