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España asume una resolución para prevenir cuestiones de género en conflictos armados
EP/Madrid
El Consejo de Ministros aprobó un Plan de acción para la aplicación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (2000) dirigida a incorporar la perspectiva de género en la prevención, gestión y solución de los conflictos armados.
La Resolución reconoce que las mujeres y las niñas sufren de manera específica las consecuencias de los conflictos armados, incluso en calidad de refugiadas y personas desplazadas internamente.
Asimismo, destaca el importante papel que desempeñan las mujeres, tanto en la prevención y solución de los conflictos, como en la construcción de la paz, y subraya la necesidad de que participen, en igualdad con los hombres, en las iniciativas de mantenimiento y el fomento de la paz y la seguridad.
Reconoce también a las mujeres como actoras fundamentales en los procesos de negociación de los acuerdos de paz y planificación de los campos de refugiados y refugiadas en los países devastados por los conflictos.
La Resolución resalta que ha de respetarse plenamente el derecho internacional aplicable a la protección de las mujeres y niñas, especialmente en tanto que civiles. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de 1979, y su Protocolo Facultativo, de 1999, así como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 1989, y sus dos Protocolos Facultativos, de 25 de mayo de 2000.
Contenido de la resolución
En concreto, el documento aprobado por el Gobierno prevé potenciar la participación de mujeres en las misiones de paz y en sus órganos de toma de decisiones, así como la inclusión de la perspectiva de género en todas las actividades de construcción de la paz.
Igualmente, se pretende asegurar la formación específica del personal que participa en operaciones de paz, en materia de igualdad y sobre los distintos aspectos de la Resolución 1325, además de fomentar el conocimiento y difusión de la misma.
Del mismo modo, supone una apuesta por la protección de los derechos humanos de las mujeres y niñas en zonas de conflicto y posconflicto, incluyendo campos de personas refugiadas y desplazadas, y fomentar el empoderamiento y la participación de las mujeres en los procesos de negociación y aplicación de los acuerdos de paz.
Por último, la resolución incorpora el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en la planificación y ejecución de actividades para el Desarme, la Desmovilización y la Reintegración (DDR), así como el adiestramiento especializado al respecto de todo el personal que participa en dichos procesos.
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