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España prohíbe las minas, pero no elimina las bombas de racimo

16 de septiembre de 2015 | Todas

EP/Madrid

España se sumó al tratado de Otawa contra las minas antipersona, que este lunes 03 de diciembre cumplió diez años, pero «no tiene un papel activo» en la erradicación de las bombas de racimo, un armamento que «al menos dos empresas» nacionales siguen produciendo y que, dada la «falta de transparencia» de la actual Ley de Comercio de Armas «no se sabe a quién se está vendiendo», según denuncian Greenpeace y CEAR.

Ambas organizaciones participaron en un acto al que asistió el obispo de la localidad camboyana de Battambang, Kike Figaredo, junto a cuatro de los niños que habitan en el Centro Arrupe, la instalación en Camboya que él mismo dirige y donde da cobijo a los menores víctimas de las bombas de racimo.

Aunque hace diez años que acabó el conflicto armado en Camboya, los restos de este tipo de armamento, lanzado por los bombarderos estadounidenses entre 1969 y 1973, siguen poblando el territorio. En su interior contienen decenas o cientos de submuniciones que se dispersan cuando la bomba se abre en el aire, afectan a grandes extensiones y, en el 98% de los casos, hieren o matan civiles.

Este es el caso de Chang Neing, uno de los niños que ha viajado a España con Figaredo para dar testimonio de los efectos de las bombas de racimo. Su encuentro con la bomba tuvo lugar cuando recogía leña con su hermano para construirse una casa. Sintió que pisaba la mina. La explosión le arrancó el pie derecho y le descamó hasta el hueso ambas piernas. El antebrazo quedó mutilado desde el codo.

Accidentes como este ocurren «una o dos veces cada día» en Camboya, según explicó la secretaria general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Amaya Valcárcel, quien incidió en que principalmente se trata de niños «porque son artefactos brillantes, atractivos para ellos».

«España no ha prohibido las bombas de racimo ni se ha pronunciado sobre una moratoria en su fabricación», declaró Valcárcel, quien recordó que «esto es más que un problema humanitario, se trata de un problema político» porque «son los políticos quienes pueden dar respuestas».

En concreto, las organizaciones Greenpeace y CEAR piden que España «adquiera un papel activo» en las negociaciones del proceso de Oslo para lograr un Tratado Internacional de prohibición de las bombas de racimo, que se celebrarán los días 5 y 7 de diciembre en Viena, y en la que participarán más de 80 países.

Asimismo, reclaman una moratoria en la fabricación en España de este tipo de armamento hasta su prohibición internacional definitiva. «No queremos destruir puestos de trabajo, pero no queremos que haya gente trabajando para la destrucción», declaró Figaredo.