AI denuncia la desproteccion de los menores frente a los videojuegos
EP/Madrid
Amnistía Internacional expresó su preocupación por la desprotección de la infancia frente a los videojuegos con contenidos no recomendados para su edad y denuncia que «el Gobierno delega la protección de los menores en las empresas privadas de videojuegos y no hace nada por protegerlos, violando sus derechos al incumplir la legislación nacional e internacional en materia de protección de la infancia».
En este sentido, advierte de que en 2006 el Gobierno español «no ha tomado ninguna medida significativa para asegurar que los menores no puedan acceder a videojuegos con contenidos no recomendados o para mayores de edad».
Aunque reconoce que en el último año se ha generalizado en España la aplicación del Código PEGI -un sistema europeo de clasificación por edad en el que se basa el código de autorregulación-, advierte de que la clasificación por edades que realizan las empresas fabricantes «a menudo es poco rigurosa y confusa, y la información aportada por los iconos utilizados no es suficiente para conocer el contenido del producto».
A juicio de Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, «basar la protección de los menores frente a contenidos que banalizan las violaciones de derechos humanos exclusivamente en un código de libre adhesión por parte de las empresas de software de entretenimiento es una dejación de responsabilidad por parte del Estado. Las empresas que se lucran, legítimamente, en el mercado del videojuego no pueden ni deben ser a la vez garantes de los derechos de los niños y niñas».
AI recuerda que, según un informe de 2005 de la Asociación Protégeles, un 20% de los menores reconoce jugar con videojuegos en los que se daña, tortura o mata a niños, ancianos o embarazadas. Además, la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento (ADESE) ha registrado que el crecimiento más intenso entre 2004 y 2006 se da entre los menores de 11 a 16 años, de los cuales un 78% consume videojuegos.
Ante esta situación, AI considera que las medidas anunciadas por la ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, el pasado 20 de diciembre «son insuficientes. La iniciativa de difundir un decálogo de consejos para orientar a padres y tutores en la compra responsable de videojuegos no sólo llega cuando la campaña de Navidad ya está avanzada, sino que se apoya en la voluntariedad de las empresas para controlar el acceso de los menores al mercado de los videojuegos», censura.
Por ello, la organización espera que la creación de una comisión de seguimiento del Código PEGI en España, anunciada por la ministra, se ponga en marcha «lo antes posible y pueda mejorar la calidad y cantidad de la información de la que pueden disponer padres y tutores a la hora de comprar videojuegos para menores», aunque según Beltrán, «el Gobierno continúa apostando por un sistema basado en la voluntad de las empresas y en su interpretación del Código, en vez de avanzar hacia una regulación legal».
