Irán sigue condenando a muerte a menores de edad
Amnistía Internacional ha revelado en un informe que en Irán se sigue ejecutando a menores de edad y a jóvenes que cometieron infracciones cuando aún no habían cumplido los 18 años.
El subdirector de la Organización para Oriente Próximo y Norte de África, Said Bumehuda, ha afirmado que esto es una absoluta falta de respeto hacia los derechos de los niños y ha añadido que la ejecución a menores de edad viola la «prohibición del uso de la pena de muerte contra personas menores de edad en el momento en que cometieron el crimen».
Las leyes de Irán han permitido que se condene a muerte a niñas de nueve años o jóvenes de 15 y, aunque paulatinamente están introduciendo cambios en las mismas, estos hechos siguen ocurriendo.
Una de estas nuevas actualizaciones supone que la pena de muerte sea cambiada por otro tipo de sanciones, siempre teniendo en cuenta el grado de madurez que tenía el ejecutor del crimen o delito en el momento en el que lo cometió. Sin embargo, a pesar de estas modificaciones, Amnistía Internacional denuncia que la mayoría de los menores juzgados fue declarado como «maduro mentalmente» y, por tanto, ejecutado.
Según datos de Naciones Unidas, en los últimos diez años, 73 personas han sido condenadas a muerte por crímenes cometidos cuando tenían menos de 18 años. Unas 160 se encuentran en el corredor de la muerte. Estos datos son aproximados, ya que no hay cifras reales de los sentenciados a muerte en el país y podrían ser muchos más.
La ONG también ha querido denunciar el hecho de que, en muchas ocasiones, los infractores han estado esperando hasta 10 años para ser ejecutados y han sido torturados para lograr declaraciones forzadas, o se han llevado a cabo cancelaciones de la ejecución en el último minuto, lo que califican de «inhumano, cruel y degradante».
Todo esto pone en evidencia que Irán no está acatando la Convención sobre los Derechos del Niño que firmó veinte años atrás, en la que se comprometía a no condenar a muerte a ninguna persona menor de 18 años sin posibilidad de libertad condicional.
