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Asesinatos legales
La lucha por la abolición total de la pena de muerte es uno de los campos de trabajo habituales de Amnistía Internacional en todo el mundo.
La organización considera que la pena de muerte es un castigo inhumano e innecesario, que supone una violación de dos derechos humanos fundamentales: el derecho a la vida y el derecho de toda persona a no ser sometida a penas crueles, inhumanas o degradantes. La pena de muerte es discriminatoria y a menudo se utiliza de forma desproporcionada contra las personas económicamente desfavorecidas, las minorías y los miembros de comunidades raciales, étnicas o religiosas.
Se impone y se lleva a cabo arbitrariamente. El intento de los Estados de escoger los delitos "más abyectos" y a los "peores" delincuentes de entre los miles de asesinatos perpetrados cada año es fuente irremediable de fallos inevitables. Mientras la justicia humana siga sin ser infalible, nunca podrá eliminarse el riesgo de ejecutar a una persona inocente.
Ninguno de los estudios realizados ha podido nunca encontrar pruebas convincentes que demuestren que la pena capital tiene un mayor poder disuasorio frente al crimen que otros castigos. Tampoco el estudio acerca de la relación entre la pena de muerte y los índices de homicidios, elaborado para la ONU en 1988 y actualizado en el año 2002.
A pesar de que existe una tendencia clara hacia su abolición en todo el mundo, no podemos cerrar los ojos ante el hecho de que siguen siendo muchos los países que continúan manteniendo la pena capital y muchas las personas ejecutadas cada año.